sábado, 27 de febrero de 2010

Un millón de personas padece en España dolencias relacionadas con el trabajo

La cifra la aportó Pere Boix, médico del trabajo e investigador de ISTAS, en la ponencia de presentación del II Encuentro de Delegados y Delegadas de Prevención, citando una encuesta de Eurostat. Y tal y como él afirmó, “se trata de una estimación conservadora”. Sobre la gravedad del problema no hay ninguna duda y tampoco caben ya posturas tibias sobre la necesidad de abordarlo en toda su complejidad.

Según Boix, se trata de una prevalencia similar a la de la angina de pecho o la diabetes, enfermedades que preocupan y mucho al sistema sanitario, dado el elevado número de personas que se ve afectado. Sin embargo, lo que en cualquier otro terreno de la salud pública se consideraría un grave problema, dispararía las alarmas y pondría en marcha mecanismos de control, en el campo de la salud laboral parece seguir lógicas contrarias. “Cuando surge un problema de salud entre la población –explicó Pere Boix–, el sistema de salud pública reacciona con una lógica aplastante. En primer lugar lo reconoce como problema, en segundo lugar busca los factores que lo condicionan y en tercer lugar diseña políticas de prevención. Además crea registros fiables para saber en todo momento cuál es la situación, cómo evoluciona y si tienen efectos las medidas de prevención. Todo esto funciona en salud pública desde hace siglos. Pero cuando hablamos de problemas de salud en el ambiente de trabajo parece que esta lógica, ‘tan lógica’, deja de funcionar”.

Lo primero que falla es la misma definición del problema. En esto estuvieron de acuerdo la mayoría de los ponentes que intervinieron en la presentación del encuentro. Lo señaló también Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de la Confederación de CC.OO., y Carmelo Plaza, responsable de Salud Laboral de CC.OO.-Madrid. Cuando hablamos de enfermedades laborales, lo lógico sería pensar que estamos hablando de todas aquellas enfermedades en cuya generación intervienen factores relacionados con el trabajo. Sin embargo no es así, tan sólo se consideran enfermedades de trabajo aquellas que están registradas en el anexo 1 del Real Decreto 1299/2006. Este enfoque conceptual tiene importantes consecuencias: “se sustituye la lógica sanitaria por una lógica indemnizatoria”, en palabras de Pere Boix. Y al final lo que ocurre es que el problema no es cuáles son los factores que generan la enfermedad y cómo controlarlos, sino quién y cuánto hay que pagar.

Y es que, como afirmó el ponente, en salud laboral se hace justo lo contrario de lo que hacemos cuando hablamos de problemas de salud pública: “Es como si cuando un fumador tiene un cáncer de pulmón, antes de atribuirlo al tabaco nos empeñáramos en descartar de forma exhaustiva cualquier otra posible causa”. Al imperar una lógica indemnizatoria sobre una lógica sanitaria, quienes tendrían que hacer prevención dedican todos sus esfuerzos a rechazar casos, a poner en duda la existencia misma de la enfermedad. Y nos encontramos con un enorme subregistro de enfermedades profesionales y con situaciones paradójicas: “¿Por qué se pagan en España casi 17.000 pensiones de viudedad por enfermedades profesionales al año si las estadísticas oficiales registran no más de un par de muertes anuales por enfermedad profesional?”, se preguntó Pere Boix.

Desde esa lógica indemnizatoria, se empeñan en que hagamos el camino al revés: “La primera pregunta que realiza un juez ante un médico que actúa como perito en un juicio es si la enfermedad que padece el trabajador sólo puede ser causada por la exposición al agente de riesgo. Y la respuesta de cualquier médico, en la mayoría de los casos, ha de ser negativa porque casi nunca una enfermedad tiene una sola causa”, afirmó Boix.

También lo explicó Miquel Porta, catedrático de Salud Pública en la Universitat Autónoma de Barcelona, en el vídeo sobre el caso de Fernando Martínez que se proyectó en el encuentro: “En medicina no es posible afirmar casualidades exclusivas”. Porta participó como perito en un caso de cáncer de páncreas por exposición a organoclorados que el juez consideró que no era una enfermedad profesional porque la manipulación de cloro en condiciones intensivas y sin protección podría no ser la causa del cáncer. Miquel Porta afirmó con claridad que “en el caso de Fernando, hoy ya fallecido, hay más probabilidad de equivocarnos si decimos que la manipulación de organoclorados no es la causa que si aceptamos que sí es la causa más probable, ya que no se daban en el enfermo otros factores de riesgo vinculados al cáncer de páncreas”.

También hubo coincidencia generalizada en la complejidad de abordar con rigor las enfermedades profesionales. Se trata de combinar distintas perspectivas de análisis. Precisamente por ello, el II Encuentro se estructuró en cuatro ejes de experiencias. El primero abordó el problema desde el eje del re conocimiento: vincular el daño con sus causas entraña dificultad, pero es posible. El segundo abordó las dificultades del registro y la necesidad de hacer visible lo invisible. El tercer eje reunió experiencias sobre la protección individual del daño, y el último, pero el más importante, se centró en la prevención colectiva.

Lo que mostraron la práctica totalidad de las experiencias, además de la enorme resistencia de las mutuas a reconocer lo evidente, es que lo que falla estrepitosamente en las empresas es la vigilancia de la salud. La otra línea de acción estratégica en la que también coincidieron muchos de los ponentes es la necesidad de que los problemas de salud en el trabajo se consideren problemas de salud pública. “Hemos de sacar los problemas de salud laboral del ámbito exclusivo de la empresa y plantearlos a la sociedad como uno de los problemas más importantes de salud pública”, concluyó Pere Boix.

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